La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI), que preside el diputado Leopoldo Moreau, fue aceptada como ‘amicus curiae’ -amigos del tribunal- en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a dirigentes políticos, sociales y gremiales, entre otros, y en cárceles.
La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tuvo en cuenta «la finalidad y función que cumple la CBI, los argumentos invocados en su presentación, los informes producidos, los fallos citados y la temática ventilada en autos», según surge de la resolución a la que accedió Télam.
En la presentación por parte de la Bicameral de Inteligencia se había señalado que el objetivo de participar de la causa como amicus curiae era el de «cooperar con la justicia mediante el aporte de elementos de interés, como así también contribuir en el abordaje de aspectos técnicos en materia de inteligencia nacional y/o con el análisis sobre cuestiones de derecho en la causa».
En el mismo texto se recordó que la propia bicameral ya elaboró en su momento un «informe sobre Espionaje Ilegal en el período 2016-2019», que arribó a la conclusión de que por entonces «se llevó adelante un plan sistemático ideado en lo más alto del Gobierno nacional (que encabezaba Mauricio Macri) que consistió en la violación de elementales derechos humanos y la persecución de ciudadanos argentinos por el sólo hecho de su pertenencia política».
«La disciplina de la Inteligencia, debido a su especificidad, cuenta con principios y directrices particulares y que le son propios», se explicó en aquella presentación y agregó que: «Estos lineamientos muchas veces excepcionales distan de los principios que regulan la administración pública y las fuerzas de seguridad».
Asimismo, sostuvo esa presentación que «a los fines de ejemplificar esta afirmación podemos mencionar el carácter de secreto que requieren ciertas acciones u operaciones que de no respetarse comprometerían de manera severa la Seguridad Nacional».
«Como órgano fiscalizador y especialista en materia de inteligencia, creemos acertado colaborar en cuestiones técnicas vinculadas a los hechos que se investigan, como ser, acercar nuestro análisis respecto del ciclo de la inteligencia en el período mencionado, con el objeto de desentrañar el receptor final de la información que se obtenía», habían señalado los legisladores en su presentación.
La Bicameral de Inteligencia está integrada, entre otros, por los senadores Mariano Recalde y Oscar Parrilli (Frente de Todos) y Alfredo Cornejo (UCR), y los diputados Cristian Ritondo (Cambiemos) y Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdes (FdT).
La causa en la que se presentaron es aquella en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas, entre otros, por un grupo de espías que se comunicaban a través de distintos grupos de Whastapp, uno de los cuales estaba titulado «Súper Mario Bross».
Entre las víctimas de las maniobras investigadas en esta causa están la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y el sindicalista Hugo Moyano.
En esta causa, que comenzó en los tribunales federales de Lomas de Zamora, estuvieron procesados por espionaje ilegal los exjefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, pero un fallo reciente de la Cámara Federal porteña los benefició al considerar que en realidad los espías actuaron como cuentapropistas y no por cuenta y orden de su superioridad jerárquica.
Por otra parte, la Comisión Bicameral de Inteligencia recibió el testimonio de los exagentes de la AFI, Guillermo Matta, y Jorge «Turco» Sáez, quienes señalaron que realizaron actividades de espionaje ordenadas por sus superiores, con lo cual desecharon la teoría del cuentapropismo que fue avalada por la Cámara Federal porteña.
Matta dijo a los periodistas que en la comisión relató sobre «el seguimiento que se le hizo al juez Luis Carzoglio», y dijo que «dio testimonio de lo que ocurrió» .
Al ser consultado si esa actividad la había hecho por cuenta propia, Matta señaló que «ningún agente raso se podría cortar solo ni hacer ninguna actividad que no emane de directivas de sus superiores».
Por su parte, Sáez dijo que vino a hablar de una tarea de espionaje a un gremio del Hospital Posadas «que salieron en un periódico», y dijo que las órdenes «fueron emanadas por Diego Dalmau Pereyra y por Silvia Majdalani».
Asimismo, reiteró que todas las directivas fueron dadas por sus superiores y afirmó que «era una payasada que hayan dicho que había cuentapropismo porque la AFI es una institución de jerarcas».
«Yo festejo las declaraciones que hizo ayer mi director Dalmau Pereyra, que las órdenes eran dadas por Majdalani y Gustavo Arribas», manifestó.