El 28 de julio de 2021, el docente de 51 años, sin ninguna experiencia política previa, asumía como presidente de Perú de la mano del partido marxista leninista Perú Libre. Desde entonces padeció un constante bombardeo de sus opositores que incluso intentaron destituirlo dos veces en el Congreso.
Castillo, profesor de escuela rural de 52 años sin experiencia política previa, tuvo que enfrentar ya dos intentos de destitución en el Congreso, que fracasaron porque FP, RP, Avanza País y eventuales aliados individuales no llegaron a los 87 votos (de 130) necesarios.
Los problemas para el mandatario comenzaron desde el momento en que, contra todo pronóstico, ganó la primera vuelta electoral y avanzó para enfrentar en la segunda a Keiko Fujimori, de FP, quien tenía a favor a prácticamente todo el aparataje político y mediático de Lima.
La campaña contra un Castillo al que se llamaba “comunista” y se descalificaba con comentarios muchas veces llenos de racismo y clasismo no dio resultado, pues ganó el balotaje por una exigua diferencia, en medio de denuncias de un fraude del que nunca surgió la más mínima prueba.
Apenas se posesionó el nuevo presidente, FP, RP y Avanza País orquestaron en forma explícita intentos de sacarlo y de llevarse de paso a su vicepresidenta, Dina Boluarte, eventual sucesora en caso de destitución.
También hubo decisiones de Castillo que jugaron en su contra. La primera, en opinión de analistas, fue colocar como jefe de gabinete ministerial a Guido Bellido, un dirigente de PL de carácter confrontativo que apenas dos meses después le tuvo que dejar su sitio a una política de izquierda más moderada, Mirtha Vásquez, en un intento -frustrado- de aplacar ánimos.
Incluso desde sectores socialistas le reprochan a Castillo sus errores para designar funcionarios. La utilización en un año de más de 50 ministros da señal de ello. Los escándalos por supuesta corrupción y/o ineptitud de los titulares de cartera han sido una constante.
El Ejecutivo, en ese marco, tuvo problemas para imponer una agenda en un escenario complejo derivado de la pandemia, el costo de vida, la inseguridad, el desempleo y la amenaza de crisis alimentaria. El Legislativo, empeñado en la obstrucción, tampoco aportó en esa vía.
Las denuncias por supuesta corrupción tuvieron una presencia constante. Aunque casi todos los presidentes recientes de Perú han estado en casos similares, Castillo es el primero al que se le abren investigaciones fiscales cuando aún está en funciones. Y no una, sino que ya van cinco.
La Fiscalía apunta al mandatario por “organización criminal” y “colusión agravada” por supuestamente maniobrar para darle a una empresa obras a cambio de sobornos. Aunque no se ha documentado plenamente la participación del jefe de Estado, personajes próximos a él sí están con la soga al cuello, al punto que han optado por la clandestinidad.
La andanada fiscal contra Castillo incluye además pesquisas por ayudar supuestamente a una empresa a venderle biodiesel al Estado, obstruir la justicia mediante el encubrimiento de prófugos, presionar indebidamente por ascensos militares y plagiar la tesis que coescribió con su esposa, Lilia Paredes, para una maestría en Educación.
En todos esos casos, el presidente responde que es víctima de una ofensiva de élites que no soportan que gobierne un maestro cuya vida hasta llegar a Palacio transcurrió en el campo. Su abogado, Benji Espinoza, insiste en que no hay pruebas que apunten directamente contra el jefe de Estado.
Los opositores esperan que Pacheco aporte esas pruebas, pero otros dos acusadores visibles y aspirantes a colaboradores de la Justicia, los lobistas Karelim López y Zamir Villaverde, no han podido hasta ahora documentar la participación presidencial directa.
La oposición de derecha, cuyo anhelo confesado por algunos referentes es tomar la presidencia y seguir en funciones en el Congreso hasta 2026, se balancea ahora entre impulsar una tercera moción de vacancia (destitución) o ir, con base en los avances de la Fiscalía, por una suspensión que en la práctica dejaría la jefatura de Estado en otras manos.
En ese contexto, parecería tomar fuerza una iniciativa ciudadana para forzar mediante firmas unas elecciones anticipadas tanto de presidente como de Congreso, la que se ha resumido en la frase “que se vayan todos”.
Castillo dice que aún hay tiempo para recomponer y tendió una rama de olivo a la nueva presidenta del Congreso, Lady Camones, quien respondió sin embargo que en su concepto es muy difícil que la corrupción se diera sin participación presidencial, lo que parece indicar que no habrá tregua.
LOS ACTORES DE REPARTO EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO
Vladimir Cerrón: El fundador y líder del que fuera partido de Castillo, Perú Libre (PL), ha intentado controlar al mandatario para imponer una agenda radical y ha generado disputas en el oficialismo, hoy dividido en cuatro bancadas, al punto que el propio mandatario se alejó del colectivo.
Cerrón, neurocirujano de 51 años formado en Cuba, no puede participar electoralmente por haber sido condenado por corrupción como gobernador del departamento de Junín, pero sus adversarios, que incluyen a grupos de la propia izquierda, lo acusan de tener enorme poder incluso ahora.
María del Carmen Alva: La ahora expresidenta del Congreso, abogada de 55 años, nunca disimuló su animadversión contra Castillo, en juego de pared con la derecha más dura a pesar de militar en el partido Acción Popular, que está más al centro. Alva, miembro de una familia tradicional de políticos y quien llegó por primera vez al Congreso tras otros intentos, se vio envuelta en numerosas disputas y se le acusó de racismo y clasismo por sus frases y gestos. Sus críticos le atribuyen buena parte de la resistencia popular contra el Legislativo.
Jorge Montoya: Aunque muchos creen que la batuta de la oposición está en manos de los excandidatos presidenciales Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, es Montoya, un almirante de 71 años, quien ha llevado en el Congreso la voz de los más radicales adversarios de Castillo.
El parlamentario ultraconservador, nuevo en política electoral y de frases y modales rudos, ha tenido la iniciativa en los intentos de destitución, aunque muchos de sus colegas creen que su estilo, irónicamente, terminó ayudando al mandatario.
Dina Boluarte: A pesar de su habitual perfil bajo, la vicepresidenta de Perú y ministra de Inclusión Social, una abogada de 60 años expulsada de PL por criticar a Cerrón, concentra miradas porque es quien constitucionalmente debe reemplazar a Castillo si fuera destituido.
Boluarte ha sido ambigua al comentar qué hará si se da ese escenario, pero la oposición más radical ha dejado claro que la intención es también sacarla a ella -a partir de que siendo ministra siguió de presidenta de un club privado, lo que está prohibido-, para que sea el titular del Congreso quien asuma la eventual jefatura de Estado interina.
Bruno Pacheco: Profesor de 52 años, sin experiencia previa en los círculos de poder, llegó a la Secretaría General de la Presidencia por amistad con Castillo y desde ese cargo, que transcurre generalmente en el anonimato, adquirió protagonismo al ser señalado como presunto orquestador de redes de corrupción.
Tras meses en la clandestinidad, Pacheco se entregó esta semana y sus declaraciones se esperan con expectativa ante la posibilidad de que involucren al presidente, quien podría quedar expuesto a que al menos se le suspenda del cargo.
Aníbal Torres: El jefe del gabinete ministerial, abogado de 79 años, mantiene una permanente relación de hostilidad con los opositores, con quienes suele intercambiar palabras que pueden incluir insultos.
Torres, exministro de Justicia, fue puesto al frente del gabinete para tender puentes con otros sectores, pero todo ha derivado en disputas, a diferencia del estilo conciliador de su antecesora, la abogada de izquierda Mirtha Vásquez, quien pese a ello también fue duramente atacada.
César Acuña: Desde fuera del Congreso, el excandidato presidencial, ingeniero químico de 69 años, ha sido determinante para que su partido Alianza Para el Progreso (APP), de centroderecha, vote contra los intentos de destituir a Castillo y actúe como fiel de la balanza.
El protagonismo de APP es tal que, entre cuatro candidatos que hubo esta semana para presidir al Congreso, tres salieron de ese partido, aunque dos -incluido un hermano de Acuña, Víctor- renunciaron a las filas para postularse por otras alianzas. Al partido pertenece la nueva presidenta del Congreso, Lady Camones.
Esdras Medina: Administrador de 55 años vinculado a sectores evangélicos fundamentalistas, ha sido el artífice de las maniobras antiprogresistas en el Congreso, las que incluyen una dura ofensiva contra el enfoque de género en la educación, el aborto o los derechos de mujeres y minorías sexuales.
Medina, además punta de lanza de una contrarreforma en la educación universitaria, ha hallado aliados para su conservadurismo social en PL y dio la gran sorpresa al aparecer como candidato de ese partido a la presidencia del Congreso, lo que le costó salir de Renovación Popular.
