Dina Boluarte se presentó en una subcomisión del Congreso, que debe decidir esta semana si procede acusarla de presuntas irregularidades administrativas, con riesgo de una inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos y esto pondría a un opositor en la línea de sucesión de la Presidencia peruana.
«Algunos sectores políticos pretenden primero inhabilitar a la vicepresidenta para luego intentar nuevamente la vacancia o quizá inhabilitación y suspensión del presidente», aseguró Boluarte ante una comisión del legislativo.
Boluarte se presentó ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que debe decidir esta semana si procede acusarla de presuntas irregularidades administrativas, con riesgo de una inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.
Una eventual sanción contra ella pondría al jefe del Congreso, el opositor José Williams (Avanza País), en la línea de sucesión de Castillo, quien logró sortear dos mociones de destitución en el Parlamento en sus 15 meses en el poder.
Pero, a la vez, se espera que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presente pronto una denuncia constitucional contra Castillo, que podría derivar en su suspensión.
«No voy a ingresar a un debate político sobre este asunto; solo expreso ante el país que este plan está en marcha», advirtió Boularte, que también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
El Congreso de Perú es dominado por la derecha opositora y está enfrentado al gobierno de Castillo desde que inició funciones, en julio de 2021.
Boluarte fue denunciada ante el Congreso por la Contraloría por ejercer un cargo en una entidad privada al mismo tiempo que era funcionaria, algo que la ley peruana prohíbe.
La Contraloría asegura que Boluarte firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac –integrado por apurimeños que residen en Lima- cuando ya formaba parte del gobierno.
La vice admite que firmó los documentos, pero alega una serie de razones burocráticas para ello.
El diario La República publicó que es inminente que la fiscal Benavides acuse a Castillo, aunque la protección que establece la Constitución para el presidente complica las expectativas de quienes pretenden sacarlo del Palacio de Pizarro.
El artículo 117 dice que el jefe del Estado solo puede ser acusado, durante su mandato, por traición a la patria; impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver el Congreso sin estar facultado; y por impedir su funcionamiento o los de los organismos del sistema electoral.
Si los casos que indaga la Fiscalía no sirven para acusar a Castillo, se frustra un proceso de acusación constitucional en el Congreso, que tiene como sanción posible la suspensión.
Solo quedaría el camino de la vacancia alegando una incapacidad moral permanente, una figura por demás polémica a la que ni siquiera adhiere toda la oposición.
