La máxima representante del Ministerio Público, entidad que investiga a Pedro Castillo por organización criminal, se pronunció tras la medida adoptada por el Ejecutivo.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, condenó la disolución del Congreso de la República suscitado este miércoles siete de diciembre.
Pedro Castillo anunció la medida, a través de un mensaje a la Nación en la referida fecha, en medio de las declaraciones que su exfuncionario Salatiel Marrufo brindaba en la Comisión de Fiscalización, en el Parlamento.
“Rechazo de manera enfática todo quebrantamiento del orden constitucional. El Ministerio Público se reafirma y como fiscal de la Nación sostengo y exhorto respetar la Constitución Política, el Estado de Derecho y la Democracia que tanto nos han costado lograr”, manifestó en un evento protocolar.
Benavides Vargas, máxima representante del Ministerio Público, presentó una denuncia constitucional contra Castillo en octubre último. La Fiscalía acusa al investigado de liderar una presunta organización criminal, de tráfico de influencias y de colusión agravada.
Castillo Terrones no está solo en la hipótesis fiscal. Sus familiares, desde la primera dama Lilia Paredes, hasta los hermanos de la misma, así como los sobrinos del antes mandatario, están implicados en esta aparente red criminal.
“La corrupción supone precio a nuestro honor, vender lo más preciado que tiene un ser humano que es la honestidad y la rectitud (…) El peor peligro que afrontamos como sociedad es la normalización de la corrupción. Afecta los Derechos Humanos”, puntualizó Benavides.
Disolución del Congreso fue condenado por diversas entidades del Estado
Castillo Terrones asumió el cargo el pasado 28 de julio del 2021. Llevaba poco más de 16 meses de gobierno. (Andina)Diversos congresistas expresaron su tajante rechazo a la medida adoptada por Pedro Castillo. El presidente del Parlamento, José Williams Zapata (Avanza País), tildó de “usurpador” al investigado por la Fiscalía.
La titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, también fue enérgica en condenar la decisión e instó a las instituciones a defender la constitucionalidad. A su vez, distintos ministros de Estado renunciaron a sus cargos, el primero de ellos en dar un paso al costado fue el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas.
La vicepresidente de la república, Dina Boluarte, también se pronunció sobre el hecho a través de sus cuentas institucionales. La funcionaria asumiría la presidencia en caso Castillo fuese destituido del poder.
“Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”, indicó Boluarte.
El Tribunal Constitucional, de la mano de su titular Francisco Morales Saravia, calificó el hecho como un “golpe de Estado”. En diálogo con los medios de comunicación, durante una conferencia de prensa, aseguró que “en este momento no hay gobierno en el Perú”.
