De ese total, solo desde el momento en el que desapareció Cecilia, 1 de junio, los Sena recibieron unos $800 mil. Pero además es necesario mirar un poco más profundo y entender por qué Capitanich (y los suyos) pudieron moverse con total impunidad. A los poderosos nadie los toca.
El narcotráfico es el peor flagelo en una sociedad, porque atrás de ello hay crimen organizado, muerte y por supuesto corrupción política (y hasta judicial), y el hombre del kirchnerismo lo sabe, pero la jugosa rentabilidad del negocio de la muerte no le permite ver más allá.
Por caso, en 2014, mientras ocupaba la Jefatura de Gabinete de la nación, fue el primero en oponerse a la “ley de derribo”, una ley que buscaba impedir que los aviones narcos ingresen al país, algo que terminó siendo implementado en 2018 en el marco de la Cumbre del G-20.
Puede parecer un hecho casual, pero no lo es, de hecho, hay todo un entramado de vínculos narcos que vincula directamente al gran perdedor de las PASO de este domingo. Omar Judis es un hombre del riñón de Capitanich.
Judis fue condenado en 2022 por varios delitos: coautor responsable por delitos de negociaciones incompatibles con la Función Pública; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; fraude en perjuicio de la Administración Pública, peculado y cohecho pasivo.
Se trata de un hombre que en 2013 debió tomarse licencia como rector de la Universidad de Chaco Austral para asumir como Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, desde donde se entregaba ciertos contratos a sí mismo.
El empresario a cargo de estas obras era Nelson Varela, quien fuera socio del hijo del entonces intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez. Se trata de un lugar que es utilizado por aeronaves narco con varias pistas clandestinas para tal fin. Algo imposible sin la connivencia política.
Pero si de narcotráfico se habla no se puede dejar de lado el caso Carbón Blanco, uno de los más resonantes del último tiempo, porque a pesar de que “Coqui” Capitanich asegura que no tiene nada que ver y que pelea contra el negocio, hay datos que lo vinculan de forma directa.
Jorge Rodríguez, el fallecido titular de la firma Carbón Vegetal del Litoral, según involucrados en la causa, le había pedido a Capitanich «aflojar» los controles aduaneros, algo que finalmente sucedió y permitió el desembarco de la droga en Chaco.
Otro dato objetivo es que la cúpula policial que investigó el caso en Chaco tuvo que afrontar que se los ninguneara y de hecho se “cortó la cabeza” de la investigación. La causa avanzó gracias a las presiones internacionales, porque sino, Carbón Blanco hubiese quedado en la impunidad total.
