FOTO: «Santiagueños en defensa de la vida rural», un colectivo de 300 agricultores.
EL CAMPO EN RADIO EL MUNDO: Crece la violencia de grupos de usurpadores. Desde el colectivo «Santiagueños en defensa de la vida rural» denuncian un plan sistemático para vaciar los campos.
EL CAMPO EN RADIO EL MUNDO: Oscar Amato es un cordobés que en los 2000 fue seducido por las promesas de campaña de la política para invertir en Santiago del Estero. Así lo hizo, montando un campo ganadero con alambrados, aguadas, corrales, molinos y hasta un feed lot. Sin embargo, lejos de fructificar, su emprendimiento (y hasta su propia vida) no paró de sufrir ataques y atentados.
22 perdigones de escopeta
El pasado jueves me tiraron a matar, eso fue un intento de asesinato. Entonces recurrí a la policía a hacer la denuncia, me la tomaron con mucha displicencia, no la querían tomar como algo grave, como siempre.
Según Amato, el asunto es amedrentar a los productores para que dejen sus campos. Y recuerda cómo se inició todo. «Esto lo inicié en el 2000 cuando invitaban a invertir en una provincia de progreso, agricultura, ganadería, como me gustaba el campo y la vida rural, invertí», recuerda.
«Después de semejante inversión (porque puse mucho dinero), hice un campo modelo de 322 hectáreas donde había un ranchito viejo en el que se instaló una familia que empezó a hacer problemas, mientras yo alambraba. Armé un feed lot para 850 animales, compré maquinaria, molinos, instalé el riego, el abastecimiento de agua por cañerías subterráneas, un cepo, corrales de aparte; un establecimiento de primera línea para trabajar en serio».
Amato destaca que a partir de 2005 empezaron las amenazas, luego los cortes de los alambrados, los golpes y las agresiones físicas.
Las palizas que me pegaban cada paso que daba hacia adelante, me volvían dos hacia atrás, pero yo seguía invirtiendo y con ganas de progresar.
También recuera que lentamente le fueron rompiendo todo a mazazos: los alambres (cada dos metros), y se escapaban los animales. «Y de a poco me fui despojando de la hacienda, porque ya no se podía trabajar. Me enfrenté a ellos varias veces, pero no van ellos, sino que mandan a las mujeres», critica con amargura.
Impotencia y complicidad
«Entonces de tantas palizas que me pegaron me fui a la Fiscalía a Santiago del Estero, pero la Fiscal no me atendió nunca, la Secretaria me pedía la papelería completa del campo. Me quebraron dos dedos, dos fisuras de muñeca, dos traumatismos de cráneo, pero lo único que dispusieron fue la prohibición de acercamiento por 300 metros, y somos más de 300 productores en la misma situación mía», se lamenta. Y agrega que esta línea «baja del gobernador hacia abajo, de Zamora, el juez López Alsogaray se apropió de más de 30 mil has», acusa.
«La línea de arriba se aprovecha y se beneficia, tengan o no escritura, porque la de ellos vale y la nuestra no. Hay pequeños, medianos y hasta grandes perjudicados. A muchos ni les toman la declaración», insiste.
Además, opina que «Si usted toca a un integrante de ellos y va preso; pero si lo atacan a uno le disponen la prohibición de acercamiento, luego que me tiraron con la escopeta a 20 metros a la altura de la cara. 22 perdigones que no me pegaron porque el vidrio es templado, sino me matan. Ya van varios intentos de asesinato que me han hecho». Además, dice que en plena pandemia, el mismo intendente de Sumampa les hizo una casa a los usurpadores dentro de su propiedad.
¿Cómo sigue?
Según Amato, esto sigue cada vez peor. «Ni 5 Bukeles solucionan este problema, esto es gravísimo. Voy a a seguir hasta las últimas consecuencias hasta que me saquen con las patas para adelante, yo voy a laburar pero no me dejan, siempre me están haciendo un daño, estoy perdiendo mi inversión,
todo el capital lo perdí, ya no tengo ni un solo animal, la mitad me los robaron ellos. Ya no puedo tener ni animales, el único animal que queda ahí soy yo,
Santiagueños en defensa de la vida rural
Marisa Figueroa lidera una agrupación que denominaron «Santiagueños en defensa de la Vida Rural», compuesta por pequeños agricultores y ganaderos afectados por esta metodología violente de los usurpadores.
«Oscar podría estar empleando a 12 personas pero tiene uno o dos con los que mantiene el campo para que no le terminen de robar las máquinas. Pero no baja los brazos, recibiendo machetazos, balazos. Por suerte no pasó nada, pero recibió 22 perdigonadas».
Vivir con miedo. Ermelindo Espíndola, de Cañas Paso, Telares. Denuncia que corre peligro ya que convive a diario con los usurpadores. Esta semana, las cuadrillas de usurpación lo amenazaron con terminar de quemarle los hornos.
Según Figueroa, se trata de un modus operandi, porque actúan de la misma manera. «En todos los casos en los que el implicado siempre es algún funcionario provincial, nacional o de Mocase Vida Campesina. Las autoridades no te toman la denuncia, no te dan las copias, no tienen tinta en las impresoras, son maneras de dilatar todo. Y hay gente que ni siquiera sabe leer, hay campesinos analfabetos a los que les archivan las denuncias. Nosotros denunciamos y no salen de la comisaría y ni pasan a fiscalía. Tenemos a Oscar con 40 denuncias y para que se las tomen les vuelven a pedir toda la documentación para dilatar todo».
Por otro lado coincidió con el impedimento de acercamiento cuando los usurpadores conviven con él a 80 metros.
Los usurpadores se quedan con los campos. Hay un vecino que le pegaron 6 tiros, lleva 8 cirujías y no puede reponerse. Sus agresores salieron de la cárcel y volvieron a usurparle el campo.
Ella sostiene que los usurpadores tienen funcionarios en todos los ámbitos provinciales (Derechos Humanos, Mesa Indígena, etc.) «Eso replicalo a nivel nacional, y es además una bastardeada de la cuestión indígena, cuando nosotros tenemos muchos campesinos originarios. Porque expulsan a campesinos de 10 has para arriba, el tema es acaparamiento de las tierras detrás de un proyecto político de expulsión de lo poco que queda del campesinado rural hacia los pueblos para hacerlos depender de los planes».
Por último, explicó que «por suerte nos pudimos organizar, intercambiar con los productores más grandes como Apronor, APPA, la Sociedad Rural de Sachayoj, ellos disponen de recursos que nosotros no, y se organizan en autodefensa. Pero nosotros somos pequeñísimos campesinos que en algunos casos ni moto tenemos. Y de eso se han abusado. Pero esta provincia no se caracteriza por ser un estado de derecho, y por eso estamos jugados, seguimos recibiendo amenazas. Pero como esta provincia está blindada todo esto no se está difundiendo».
