Con una identidad falsa y una historia familiar ficticia engañó a los organismos de Derechos Humanos durante 10 años, y hasta llegó a declarar en cinco juicios contra represores. Se calcula que le robó al Estado unos 200 millones de pesos.
En las últimas horas se conoció la gran estafa al Estado que llevó adelante durante diez años, Adrián Martínez Moreira, un misionero de 35 años, que fingió ser hijo de desaparecidos durante la última dictadura militar y recibió subsidios millonarios como compensación.
La investigación que quedó a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, reveló que el joven era parte de una asociación ilícita destinada a cometer múltiples delitos contra el Estado.
Según consta en el procesamiento de 563 carillas, en el cual la Justicia le imputó responsabilidad en delitos como falso testimonio, falsa denuncia, uso de documento público y privado falso. Además del delito en concurso ideal de fraude contra la administración pública en grado de tentativa.
A Martínez Moreira, se le imputan un total de 62 hechos entre los cuales figuran falsificar pruebas, cambiar el nombre de declaraciones testimoniales y firmas, entre otras cuestiones. Es que los imputados no sólo poseían documentación falsa sino que habían creado una trama de mentiras para poder justificar su fraude, que involucraba a una serie de organismo de gobierno e instituciones sin fines de lucro.
Por lo que la jueza, conocida por llevar adelante la investigación por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, imputó a Martínez Moreira, Omar Ramón Enrique García (78), Leticia Concepción Gaete (41), Susana Graciela Feldman (60) y Nicole Carolina Garrido Piris (49), por haber “formado parte de una organización criminal dedicada, entre otras conductas ilícitas, a efectuar solicitudes fraudulentas ante el Estado Argentino”.
Entre los principales delitos se encuentra “el cobro de los beneficios para víctimas y familiares de la última dictadura cívico-militar que se encontraban contemplados en las leyes de reparación”, que certificó el gobierno de Néstor Kirchner.
En la causa consta que el hombre, lleva años presentándose como hijo de una pareja de militantes paraguayos desaparecidos durante el régimen del general Alfredo Stroessner y acumula denuncias por fraude desde 2015.
“En su relato, el misionero aseguraba que sus padres desaparecidos habían sido miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Enrique Gorriarán Merlo, y que inclusive habían participado del atentado contra el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en Asunción, en 1980”, indica un medio local ante el procesamiento.
Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se presentó como querellante en agosto de 2021, luego de reunir información sobre estas maniobras fraudulentas en expedientes judiciales y administrativos que procuraron afectar el trabajo de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias de la Secretaría y a las víctimas que legítimamente buscan una compensación ante el Estado.
