Algunos cumplen su labor desde en el Centro Cultural Kirchner y otros desempeñan sus funciones desde un viejo edificio del Somisa.
El Gobierno auditó a la secretaría de Comunicación y cree que podría funcionar con 50 de los 500 empleados que tiene. Javier Milei envió a un especialista para que estudie a los integrantes y la composición de la cartera que preside Eduardo Serenellini.
El informe fue presentado ante el Presidente y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que lidera la reducción de la administración pública junto al secretario de Transformación del Estado y de la Función Pública, Armando Guibert.
Se analizaron los perfiles sobre los empleados y se diferenció a los neutrales de los militantes. La idea del Gobierno es desafectar a los que creen que pueden espiarlos, así como a los que no cumplen con sus horas de trabajo y sostener a los que consideran eficientes.
Es por eso que dentro de la secretaría se contrató de forma descentralizada a un abogado que viene de la Administración General de Puertos para que colabore con la situación de los empleados que el oficialismo quiere mantener. La lógica aplica también para el aumento de sueldos en base a la quita de horas extras.
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El jurista también ayudará a contratar a la gente que el oficialismo quiere sumar a la secretaría de Comunicación. Más allá de estar nombrados Serenellini, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, todavía no logran oficializar a su tropa completa.
Con los nombramientos en el Boletín Oficial, recién tuvieron oficinas designadas y lograron establecerse, además de conocer en profundidad a los empleados de su secretaría que asisten a Balcarce 50.
En ese sector, se ubicaba el influencer Iñaki Gutiérrez previo a tomarse licencia de un mes de un cargo que todavía no estaba efectivo. Tampoco están designados el consultor personal del presidente, Santiago Caputo, y el encargado de los videos del jefe de Estado, Santiago Oría.
De la planta que encontraron en Comunicación, en diciembre el oficialismo desafectó a 100 empleados con base en lo realizado durante 2023 y en enero y febrero esperan reducir aún más la planta con un criterio nuevo.
La línea que mantienen desde el Gobierno es que “el que trabaja sigue y el que es militante kirchnerista se va”. Hasta el momento, los trabajadores de la secretaría se dividen entre el Centro Cultural Kirchner, Casa Rosada y un viejo edificio del Somisa.
“Descubrimos a varios que tienen nueve personas de la familia abajo suyo y que la mayoría no venía a trabajar. Además, más de uno nos vino a extorsionar con que no les toquemos el puesto. Hay gente pesada de hace muchos años”, expresó un funcionario a TN.
