Según aseguran en la Casa Rosada, en su mayoría, los despedidos respondían a la organización de vagos y parásitos que viven del Estado, La Cámpora y habían sido ubicados rápidamente en lugares de jefatura por la gestión anterior.
En línea con su campaña electoral, el Gobierno puso en marcha su plan para disminuir los cargos políticos en el sector publico y comenzó con 320 despidos en la Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses). Según fuentes oficiales, se espera que la medida se extienda a otras dependencias en los próximos días y semanas.
De acuerdo a un funcionario, los despidos en la Anses “eran todos puestos políticos” y puntualizó que encontraron el mismo mecanismo en todas las contrataciones de las personas afectadas.
“A veces se armaban concursos falsos o directamente ascendían sin concursar, poco antes del cambio de gobierno”, detalló. Pues se trata de funcionarios que eran ingresados a la planta estatal en puestos de base y luego, la administración del gobierno anterior, los hacía ascender rápidamente a jefaturas.
Según funcionarios gubernamentales, los despidos afectaron principalmente a jefes de Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Anses, quienes fueron colocados en posiciones jerárquicas durante la gestión anterior. A través de este mecanismo, el oficialismo buscará identificar el ingreso de empleados que pudieron haber obedecido a criterios políticos en otras áreas del sector público.
Desde la Casa Rosada apuntaron que, en muchos casos, parte de los empleados de las mismas seccionales fueron quienes aportaron información sobre nombramientos o ascensos irregulares. Además, detallaron que ese movimiento de ingresos que se dio entre 2020 y 2023 “demostró el origen político de los puestos”.
“Entiendo que son 320 trabajadores que ingresaron entre el 2020 y el 2023, muchos de ellos como jefes, pero que tenemos un mecanismo para que queden en planta permanente donde se hacen concursos y evaluaciones”, dijo ayer en declaraciones radiales Carlos Ortega, secretario general del Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Secasfpi).
Desde la llegada del Gobierno actual, se han dejado caer cerca de 7000 contratos firmados a partir del 1 de enero de 2023, excluyendo aquellos trabajadores que son parte de “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, o el personal que es considerado “indispensable” en una jurisdicción.
La Anses, con alrededor de 14mil empleados, según aseguraron las fuentes consultadas por LA NACION, no planea reemplazar los puestos eliminados. “No se está nombrando gente, se está sacando”, dijeron. Al tiempo que resaltaron que todo se dio dentro de los marcos legales que prevé el contrato de trabajo del organismo. “La Anses no está para gastar plata en juicios”, señalaron.
