Deja de tener vigencia el decreto 690 del año 2020, el cual declaraba a las telecomunicaciones como “servicios esenciales” para establecer estrictos controles de precios. La desregulación potenciará la inversión del sector privado, con un impacto positivo en la calidad de los servicios para los usuarios.
El Gobierno oficializó un nuevo avance hacia la liberalización y modernización de la economía argentina. A través del decreto 302/2024 se determinó la desregulación de las telecomunicaciones, por lo que el país nuevamente adoptará reglas de juego convencionales como las que se aplican en la mayor parte del mundo.
Se levantaron todas las restricciones para la fijación de los precios por servicios de telefonía celular, cable de TV y tarifas de internet. Casi ningún país de la región aplica controles directos sobre las tarifas de este tipo de servicios, y estas medidas son ampliamente descartadas entre los países desarrollados y los miembros que conforman la OCDE.
Las disposiciones del Gobierno le ponen fin al decreto 690/2020 sancionado por el expresidente Alberto Fernández, el cual declaraba a estos servicios como “esenciales”, como un mero pretexto para intervenir sus precios y fijarlos de manera totalmente discrecional.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) perderá todas las competencias que tenía para intervenir en los precios. Con el nuevo régimen regulatorio, el Enacom se abocará exclusivamente a promover la competencia entre los actores que componen el mercado de las comunicaciones, y se abstendrá de provocar cualquier tipo de distorsión arbitraria sobre el mismo (como lo hacía hasta ahora).
No existe ni jamás existió ningún tipo de justificación para regular los precios de las telecomunicaciones. El Gobierno kirchnerista se valió de recetas mundialmente descartadas con el fin de reprimir artificialmente a la inflación, un proceso que finalmente se volvió imposible de sostener.
Sin precios fijados de manera arbitraria, crecen los incentivos para la entrada de nuevos participantes en el mercado de telecomunicaciones argentino, más aún en el contexto de progresiva desregulación y apertura de la economía.
Se espera que la liberalización del mercado contribuya a extender la calidad y la cobertura de los servicios, permitiendo que una mayor cantidad de usuarios puedan acceder a los mismos.
Las nuevas normativas permiten, además, que las empresas prestatarias de telefonía celular puedan participar sin mayores restricciones de la provisión de otros servicios de comunicación, algo que hasta ahora se encontraba insólitamente prohibido.
