La Justicia argentina dictó un fallo histórico este lunes, ordenando la detención y captura internacional del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de otros altos funcionarios del chavismo, como Diosdado Cabello.
La Cámara Federal porteña los acusó de crimenes de lesa humanidad, aplicando el principio de “justicia universal” que permite enjuiciar graves delitos contra los derechos humanos cometidos en cualquier parte del mundo. El fallo incluye también a más de 30 jerarcas y militares del régimen venezolano.
El tribunal, integrado por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, resolvió por unanimidad avanzar con esta medida, tras el pedido de los fiscales José Agüero Iturbe y Carlos Stornelli. La orden de detención se extiende a nivel internacional, y se solicitó la notificación a Interpol para emitir alertas rojas que faciliten la captura de los imputados cuando se desplacen fuera de Venezuela.
Diosdado Cabello, número dos del chavismo
El fallo establece que el juez de instrucción Sebastián Ramos debe profundizar la investigación, incorporar documentación de organismos internacionales y escuchar a los testigos que denunciaron las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Entre las acusaciones se encuentran desapariciones forzadas, torturas y homicidios, en un plan sistemático que, según el tribunal, se desarrolló desde al menos 2014.
Este caso fue impulsado por víctimas venezolanas y organismos de derechos humanos que buscaban justicia internacional, debido a la falta de acción en su país de origen. Uno de los impulsores de la denuncia en Argentina, el abogado Tomás Farini Duggan, afirmó que las órdenes de captura ayudarán a que los países que mantienen relaciones con Venezuela no puedan ignorar los crímenes del régimen de Maduro.
La decisión judicial argentina también busca influir en la Corte Penal Internacional, que ya está investigando los crímenes cometidos en Venezuela. Se espera que las órdenes de captura internacionales activen un proceso legal más amplio para llevar a los responsables del régimen chavista ante la justicia por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
