El delincuente kirchnerista había sido condenado a ocho años de prisión en 2022 e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Casación provincial dispuso que deberá ser alojado en una cárcel.
La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó la «inmediata captura» del ex gobernador kirchnerista Sergio Urribarri, acción que fue concretada cerca del mediodía de este martes. Esta decisión se enmarca en la causa en la que el exmandatario fue condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La presidenta del tribunal, Marcela Davite, comunicó la orden al jefe de la Policía de Entre Ríos. Una vez capturado, Urribarri deberá ser alojado en la Unidad Penal 1, conforme a las instrucciones recibidas.
La detención se produjo en el contexto de una causa donde se probó que Urribarri utilizó de forma ilegal fondos públicos. Estos fondos, en algunos casos, financiaron sus campañas electorales. Las maniobras incluyeron contratos de imprenta y publicidad.
Urribarri, quien se desempeñó como embajador en Israel durante el gobierno de Alberto Fernandez, fue condenado el 7 de abril de 2022.
La condena fue confirmada por la Casación de Entre Ríos en 2023. Tras el rechazo de un recurso extraordinario por parte del Superior Tribunal provincial, la fiscalía solicitó la detención de Urribarri. Aunque en un primer momento la Cámara rechazó esta solicitud, finalmente se ordenó la captura.
Esta causa también tuvo repercusiones para la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, quien fue removida de su cargo y enfrenta un jury por mal desempeño.
Goyeneche coordinó el equipo de investigadores que avanzó contra Urribarri, quien fue gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015 y es considerado un aliado del kirchnerismo.
La fiscal ahora espera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que revisa su caso, la restituya en su cargo. En abril pasado, el máximo tribunal solicitó el expediente completo para analizar el planteo contra su destitución.
La Cámara de Casación provincial, al confirmar la condena de Urribarri, destacó que toda la prueba fue «legítimamente reunida» y que a los acusados se les garantizó el debido ejercicio de su defensa. Según la Casación, esta investigación presentó pruebas de «un volumen y contenido incriminador pocas veces visto en este tipo de hechos».
Urribarri enfrenta condenas por peculado y negociaciones incompatibles con el cargo.
La sentencia, dictada de forma unánime el 7 de abril de 2022, también condenó a otros exfuncionarios. Junto a Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el exfuncionario legislativo Juan Pablo Aguilera, recibieron seis años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull explicó que «se dispuso la prisión preventiva, como habíamos solicitado», y añadió que «se habían acreditado los riesgos» basados en la magnitud de la pena y la gravedad del delito.
La Cámara de Casación consideró varios factores, como el monto económico, la gravedad en sí del delito y los vínculos que tienen en el país y fuera del país. Además, se destacó que la conducta procesal de Urribarri no fue adecuada, ya que no concurrieron nunca a las audiencias y se conectaron de manera remota.
La fiscal Cecilia Goyeneche, quien llevó adelante la investigación, también fue mencionada en el contexto de irregularidades en el proceso judicial. Ramírez Montrull afirmó que «todo lo que fue el trámite del jury fue plagado de irregularidades» y que el Procurador General de la Nación dictaminó que se excedieron las facultades en el juicio.
El fiscal expresó su esperanza de que esta condena «acomode las situaciones de excepcionalidad e irregularidad» que se han presentado en el sistema judicial.
