La Justicia investiga a la Fundación Acuña, que dirigían los líderes piqueteros que están detenidos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, por presunto lavado de activos.
El fiscal federal Patricio Nicolás Sabadini solicitó el embargo e inhibición de los bienes pertenecientes a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, que incluyen diversas propiedades en Chaco, vehículos de alta gama y millones de pesos recibidos del Estado provincial.
En su presentación, Sabadini también requirió la comparecencia de los imputados, quienes están bajo investigación por presunto lavado de activos y defraudación a la administración pública a través de la Fundación Saúl Acuña, dirigida por los líderes piqueteros durante dos décadas.
La pesquisa se inició tras un allanamiento en la residencia de los Sena, ubicada en Santa María de Oro al 1460, donde la Policía decomisó 6 millones de pesos en efectivo que no pudieron justificar. Este operativo fue solicitado por el fiscal Jorge Cáceres Olivera en el contexto del caso del femicidio de Cecilia Strzyzowski, lo que derivó en la detención del matrimonio y su hijo César Sena.
A raíz de este suceso, se abrió una investigación paralela para indagar posibles irregularidades en el manejo de fondos estatales, dado que los acusados recibían cuantiosas sumas de dinero del Gobierno de Chaco, tanto a través de la fundación como de cooperativas de trabajo, que a su vez eran proveedoras del Estado.
Según documentos obtenidos por TN, la Provincia transfirió más de 900 millones de pesos a los Sena durante los últimos tres años de gestión. Solo el año pasado, bajo la administración de Jorge Capitanich, recibieron $141.953.467. Incluso, el día en que Cecilia desapareció, la Fundación Saúl Acuña registró un ingreso de dinero que suscitó controversia y motivó la intervención judicial.
Las transferencias se realizaron desde varios ministerios, incluyendo Salud Pública, Gobierno y Trabajo, Infraestructura y Servicios Públicos, Desarrollo Social, así como desde el Fideicomiso de Servicios Generales y Planificación Estratégica, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Lotería Chaqueña y el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFE), que actualmente está intervenido.
“Si se observa la evolución de facturaciones emitidas por la Fundación desde marzo del 2019 a mayo del 2023, la IAFE fue a quien más facturó en un período reducido de tiempo”, detallaron fuentes de la investigación. El último año, recibieron $186.032.861. “Hay mucho material para determinar que hubo un manejo fraudulento del dinero”, afirmó Clelia Ávila, interventora del IAFE, en declaraciones a TN.
Ávila mencionó que la intervención del IAFE finaliza este mes, pero espera que se prorrogue por un período adicional. Esto se debe a que, a raíz de esta causa, se ha evidenciado que los Sena manejaban una cantidad significativa de dinero. Además de esto, se descubrieron gastos millonarios no declarados, empleados no registrados ante la AFIP, es decir, trabajando “en negro”, y la posesión de una gran cantidad de vehículos de alto valor.
Entre los vehículos registrados a su nombre se encuentran cinco camionetas Toyota Hilux 4×4, una Ford pick up F.100, un camión Ford F350, una Mercedes Benz Atego, una Mercedes Benz Sprinter, una Motomel B110 y un rastrojero Diesel C-66. Todas estas adquisiciones se realizaron a través del concesionario Derka y Vargas S.A., como se ha determinado mediante la investigación judicial.
Además, se han identificado numerosos viajes internacionales realizados por el matrimonio Sena – Acuña. Según los registros de migraciones, han viajado a Paraguay, Uruguay, Brasil e Italia. “Resulta indicativo de un despliegue de medios económicos de relevancia que no se condicen con el perfil fiscal y económico de los mismos”, detalló el fiscal en su solicitud.
La investigación también ha revelado que los Sena son propietarios de tierras que les fueron cedidas por el Instituto de Colonización de la provincia del Chaco en el año 2004. Estas tierras fueron solicitadas por Emerenciano junto a otras 30 familias asociadas en la Cooperativa Agropecuaria De Consumo y Vivienda Limitada 17 De Julio, para un proyecto productivo de cultivos.
En el año 2006, Sena solicitó la adjudicación de estos terrenos a su nombre personal, en lugar de hacerlo a nombre de la cooperativa. Posteriormente, en diciembre de 2013, se le otorgó la propiedad. Dos años más tarde, obtuvo el título de propiedad para “producción agrícola y ganadera”. Según la información recopilada durante la investigación, se cree que esta propiedad corresponde a la ubicación de la chanchería, que actualmente se encuentra cerrada con un portón de chapa y hierro.
En relación a los bienes inmuebles de Marcela Acuña, ella declaró poseer únicamente una vivienda, la cual habría sido adquirida en 1996 junto con su padre, Andrés Saúl Acuña, con titularidad compartida en un 50%. Esta propiedad es la residencia ubicada en Santa María de Oro N° 1460, donde supuestamente ocurrió el crimen de Cecilia.
Sin embargo, a partir de la comparación de datos realizada a través del Colegio de Escribanos de la Provincia del Chaco, se ha descubierto que Acuña adquirió tres inmuebles adicionales mediante boletos de compraventa no registrados. Estos incluyen dos departamentos de un dormitorio en el tercer piso del edificio ubicado en la calle Don Bosco N° 590, en Resistencia, adquiridos por $800.000, y un terreno en Pueblo de Colonia Benítez, departamento de 1° de Mayo, con una superficie total de 1 hectárea, comprado por un valor total de $1.905.000 en 2016.
Según la investigación, Acuña estaba registrada como empleada docente y recibía un salario de 300 mil pesos mensuales a través del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco, mientras que Emerenciano percibía $1.400.000, también en calidad de docente y director de la escuela que lleva su nombre. Ambos tenían una cuenta bancaria conjunta en el Banco Nuevo de Chaco.
Basándose en las pruebas reunidas por la Justicia, se ordenó la disolución de la Fundación y ambos fueron imputados por los delitos de “fraude a la administración pública y lavado de activos”. No se descarta la posible implicación de más personas, especialmente funcionarios públicos de Chaco.
La Justicia sostiene que los Sena gestionaban “fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción o fraude a la administración pública provincial, lo que se tradujo en un significativo incremento y movimientos patrimoniales que no encuentran correlato en los magros ingresos lícitos y situación fiscal y patrimonial que registran”.
