La Justicia reveló maniobras entre el exmandatario kirchnerista y altos funcionarios para modificar el decreto que otorgó el monopolio de seguros a Nación Seguros. Vilma Ibarra y Jorge Neme también estarían involucrados.
El escándalo de los seguros que involucra a Alberto Fernández suma nuevos elementos tras la aparición de comprometedores chats en el expediente.
La Justicia logró acceder a conversaciones en el teléfono del ex presidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano, que evidencian gestiones para modificar un decreto clave que benefició a la empresa Nación Seguros, entregándole el monopolio de los seguros de organismos públicos.
Los chats, que datan de mediados de 2021, revelan cómo Pagliano mantuvo contacto directo con Roberto Gilbert, entonces titular de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC). A pesar de su rol, Gilbert participó activamente en la redacción y promoción del decreto 832/21, publicado el 2 de diciembre de 2021, que estableció el mencionado monopolio.
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En uno de los audios intercambiados, Pagliano describe las dificultades que enfrentaban para lograr que el decreto avanzara, mencionando obstáculos en el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, dirigida en ese momento por Juan Manzur. “Hablé con Alberto y me dijo que se iba a ocupar del tema”, señaló Pagliano en uno de los mensajes, revelando la intervención directa del entonces presidente Fernández.
Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, también aparece involucrada en las maniobras para modificar el decreto. Según los chats, fue Ibarra quien finalmente eliminó un artículo clave del decreto original, que hacía referencia a los “productores asesores de seguros”. Pagliano expresó su descontento al enterarse del recorte, pero Gilbert lo tranquilizó, asegurando que era mejor que esa decisión quedara en manos de Nación Seguros.
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Roberto Gilbert, quien estaba a cargo de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC).
La relevancia de este artículo no era menor: regulaba la figura del productor asesor de seguros, un intermediario clave en el sector. Los documentos y conversaciones hallados sugieren que la eliminación de este artículo buscaba evitar la formalización de ciertos intermediarios que ya estaban operando en la sombra.
El impacto de estas maniobras ahora forma parte de la investigación judicial que involucra a varios altos funcionarios del gobierno de Fernández. Además, se ha solicitado a la Jefatura de Gabinete y a la Secretaría de Legal y Técnica que entreguen los antecedentes y dictámenes relacionados con el decreto en cuestión, lo que podría complicar aún más la situación judicial del ex presidente y sus allegados.
A medida que avanza la investigación, la implicación de figuras cercanas a Fernández en este caso podría desencadenar nuevas revelaciones. La Justicia continúa revisando la evidencia, incluyendo más de 3500 millones de pesos en comisiones pagadas durante la gestión de Fernández.
