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LA MAFIA DE COQUI: Detuvieron a un ex funcionario de Capitanich por presunto fraude al Estado por más de 16 mil millones de pesos

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Carlos Mauricio Andión es acusado por irregularidades en convenios con organizaciones sociales.

Carlos Mauricio Andión, ex funcionario del gobierno de Jorge Capitanich en Chaco, fue detenido bajo acusaciones de fraude contra la administración publica y violación de deberes como funcionario. El ex titular del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) es investigado junto a María Laura Moreno, quien fue coordinadora de Gestión de Soluciones Habitacionales, por presuntas irregularidades en convenios con organizaciones sociales. Las detenciones fueron ordenadas por un equipo especial de fiscales que investigan el desvío de fondos públicos.

La investigación surgió tras una auditoría impulsada por el nuevo gobierno chaqueño de Leandro Zdero. Los fiscales a cargo, Graciela Griffith Barreto, Francisco De Obaldía Eyseric y Víctor Recio, señalaron que Andión y Moreno habrían participado en maniobras fraudulentas con cooperativas y fundaciones, donde las obras, en su mayoría, no fueron ejecutadas o solo se completaron en un 10%, mientras que las organizaciones percibieron la totalidad de los fondos.

Jorge Capitanich, ex gobernador de Chaco

El monto de la defraudación asciende a 16.500 millones de pesos, según informó el diario Norte. Andión fue trasladado al Complejo Penitenciario Nº1 de Resistencia, donde también se encuentra detenido Carlos Barraza, un dirigente piquetero vinculado al Movimiento Trabajadores y Humildad (MTH), quien fue arrestado en enero acusado del mismo delito. Las conexiones entre Barraza y Andión se evidencian en facturas a nombre del IAFEP, encontradas en posesión del dirigente piquetero.

La nueva administración de Zdero decidió intervenir el Instituto que Andión presidía, designando a Clelia Ávila como interventora. Ávila destacó la existencia de numerosas irregularidades en la designación de obras, beneficiarias fundaciones y favoritismo hacia dirigentes sociales sin ningún control real sobre las obras asignadas.

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