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Sasaxa Líbero SA: la empresa de Martin “el bandido” Insaurralde investigada por fondos ilícitos

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El ex jefe de Gabinete bonaerense creó la compañía antes de asumir como intendente de Lomas de Zamora, y la utilizó como fachada para ocultar bienes y manejar fondos ilícitos robados por el kirchnerismo.

El 21 de octubre de 2009, una semana antes de asumir como intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde fundó Sasaxa Líbero SA, una empresa que, según la Justicia, fue utilizada como fachada para ocultar propiedades, vehículos de lujo y manaejar fondos de origen sospechoso. Esta sociedad anónima no solo estaba compuesta por el exmandatario local, sino que involucró a sus dos hijos, Martín y Rodrigo, y a su sobrino Gastón Barrachina, quienes también aparecen en los registros de la compañía.

Los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco solicitaron recientemente que tanto Insaurralde como los miembros de su entorno familiar sean llamados a declarar por presento lavado de dinero. Además, incluyeron en la causa a la ex esposa de Insaurralde, Carolina Álvarez, y a Víctor Donadio, a quien se señala como testaferro del exintendente.

La sociedad, según publica Nicolas Diana en Clarín, fue constituida formalmente el 21 de octubre de 2009 por Insaurralde y su sobrino, Gastón Barrachina. Insaurralde poseía inicialmente el 90% del paquete accionario, mientras que Barrachina tenía el 10% restante, figurando este último como presidente de la sociedad en los papeles.

La fecha de creación de la empresa es clave: solo una semana después, el exesposo de Cirio asumía como intendente de Lomas de Zamora, tras la renuncia de Jorge Rossi. Hasta ese momento, se desempeñaba como secretario de Gobierno del municipio, siendo una figura cercana al anterior jefe comunal.

La empresa fue registrada con el objetivo oficial de dedicarse a actividades publicitarias, pero la investigación judicial revela que fue utilizada para otros propósitos más oscuros.

Según la resolución judicial en la que se pide la indagatoria de Insaurralde, Sasaxa SA fue una estructura utilizada para ocultar bienes y justificar el origen de fondos que no se condicen con sus ingresos como funcionario público

Uno de los aspectos centrales de la causa es la adquisición de los lotes 242 y 243 en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras S.A., ubicado en la provincia de Buenos Aires. Estos terrenos, inicialmente comprados en 2006 por Carolina Álvarez, fueron transferidos en 2011 a Sasaxa SA a través de maniobras societarias que incluyeron la participación de otra empresa, DOIO SRL, vinculada a Insaurralde.

DOIO SRL, además, figura como contratista en varias obras adjudicadas por el municipio de Lomas de Zamora y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En muchos de estos contratos, la firma de Insaurralde como intendente aparece avalando las adjudicaciones, generando sospechas sobre la legitimidad de estos negocios. Víctor Mariano Donadio, socio de DOIO y sospechoso de ser testaferro de Insaurralde, también forma parte de la investigación.

Involucramiento de los hijos de Insaurralde

Con el paso del tiempo, los hijos de Insaurralde se integraron a Sasaxa SA. En 2012, el exintendente transfirió acciones de la sociedad a su hijo Martín, quien, en ese momento, tenía solo 18 años y no contaba con ingresos formales que justificaran la operación. En 2015, su sobrino Barrachina vendió su participación a Rodrigo, el otro hijo de Insaurralde, consolidando así el control familiar de la empresa.

La casa de Martín Insaurralde en San Vicente.

En 2018, ya con los hijos de Insaurralde dentro de la sociedad, Sasaxa SA firmó un contrato de comodato para ceder el uso de una propiedad en Fincas de San Vicente al exintendente y a su entonces esposa, Jésica Cirio.

Este acuerdo, renovado en 2021, permitía a la pareja usar el inmueble sin aparecer como propietarios en los registros formales. Según los fiscales, esta estructura tenía como fin ocultar la verdadera titularidad de los bienes y eludir cualquier rastro que pudiera vincular los inmuebles directamente a Insaurralde.

En cuanto a la adquisición de vehículos de alta gama, la empresa también fue utilizada para ocultar la titularidad real de estos bienes. Un ejemplo es la compra de una camioneta Volkswagen Tiguan en 2012 por 312.300 pesos, donde Insaurralde no figuraba como titular, pero sí tenía autorización para manejarla, dificultando el rastreo directo. Un patrón similar se repitió con otros vehículos, como una Chevrolet Tracker adquirida en 2017, así como con otros autos de lujo como una Audi Q3, una Jeep Compass, una Hyundai H1 y una moto Vespa.

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