Se tratan de predios ubicados en Mendoza que cuentan con potencial minero. Habían sido cedidos durante el Gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa a comunidades indígenas no reconocidas. Adorni confirmó que la RAM fue catalogada como “organización terrorista” por el Ejecutivo.
La entrega de estas tierras, en su momento, estuvo plagada de irregularidades y fue criticada por las autoridades provinciales. Los territorios en cuestión se ubican en parajes de los departamentos de San Rafael y Malargue.
La decisión se tomó en el marco de los graves incendios que asolan grandes regiones de Río Negro y Chubut, y en torno a los cuales se señala que hubo intencionalidad y posible vinculación de grupos de resistencia autodenominados mapuches. Y fue formalizada por medio de tres resoluciones firmadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que encabeza Claudio Avruj, y que fueron publicadas en el Boletín Oficial.
Las resoluciones en cuestión responden al planteo de nulidad presentado por la provincia de Mendoza y dejó sin efecto el reconocimiento de la ocupación de grupos que se identifican como mapuches: Lof El Sosenado, en San Rafael, y Suyai Leufu, en el Paraje de Los Molles, ubicado en Malargue. Estos grupos habían sido beneficiados por la cesión concretada en 2023, la cual fue duramente criticada por los gobiernos de las localidades afectadas por dicha medida.
La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, consideró que la medida “reafirma principios fundamentales como la propiedad privada, la seguridad jurídica y la autonomía provincial. No permitiremos que decisiones arbitrarias y sin sustento legal los vulneren”.
Las tierras en cuestión habían sido cedidas por el Gobierno de Alberto Fernández bajo el argumento de que tenían un carácter “ancestral” en relación a la presencia pretérita de formaciones mapuches antes de la colonización española y expansión territorial criolla: “Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo que establezca la ley” había sido el argumento, extraído del artículo 18 del Código Civil y Comercial, utilizado por el anterior Gobierno.
Lo cierto es que, como telón de fondo a esta cuestión, también se encuentra el potencial de dichos predios para el desarrollo de la actividad minera, algo que implicaría una expansión en la frontera de la extracción de minerales en el país, objetivo perseguido tanto por gobiernos provinciales, como en este caso Mendoza, como por el Gobierno nacional, en búsqueda de inversiones y divisas en moneda fuerte para respaldar la macroeconomía.
La organización “Resistencia Ancestral Mapuche”, catalogada como “terrorista” por el Gobierno de Milei
En su conferencia matutina diaria, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó el revocamiento de la cesión de dichas tierras a los mencionados grupos autodenominados mapuches, y también ratificó que el Ejecutivo catalogó como “organización terrorista” a la Resistencia Ancestral Mapuche, el grupo liderado por Facundo Jones Huala.
La decisión del Gobierno se inscribe en un marco en el que Jones Huala se encuentra en el ojo de la tormenta: fue acusado por el gobernador de Chubut Ignacio Torres de estar detrás de los voraces incendios en El Bolsón, de acciones vandálicas en dicha localidad y de incitar a acciones violentas contra el orden establecido.
Jones Huala, sin adjudicarse los incendios, reivindicó a los mismos. En base a esas declaraciones, Adorni se sumó a las críticas de Torres y consideró que las declaraciones del líder mapuche “pintan de cuerpo entero al enemigo”.
