El ex interventor de Puertos durante la gestión de Mauricio Macri fue procesado por contrataciones irregulares que suman casi un millón de dólares. Se trata de Gonzalo Mórtola, que dejó el organismo tras la asunción de Alberto Fernández.
Mórtola es un ex rugbier del Club Newman muy cercano a José Torello, ex jefe de asesores de Mauricio Macri. En medio de una interna con Guillermo Dietrich llegó al puerto sin ninguna experiencia previa en la gestión.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi lo procesó por haber contratado a la empresa Indra sin realizar una licitación pública. El ex funcionario puede enfrentar una pena de 2 a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos.
Según evaluó el juez, la consultora «fue elegida, al menos arbitrariamente, es decir sin el menor fundamento legal o de conveniencia, para hacerse de una contratación, a la que accedió de modo directo, eludiendo una licitación pública, evitando la confrontación con otros oferentes, en virtud de la actuación irregular del entonces interventor de la Administración General de Puertos, Gonzalo Morotola».
Antes de que vencieran las concesiones de los adjudicatarios, Mórtola buscó unificar las tres terminales en dos y por eso en 2016 contrató de forma irregular a la española INDRA para que desarrolle los pliegos de licitación del proyecto por 772 mil dólares. Según marca la ley el límite para contrataciones directas era de 93 mil dólares.
La maniobra fue recomendada por «asesores externos» que luego pasaron a ser empleados de Puertos y que también están imputados en la causa. En un informe técnico de dos carillas avalaron la contratación de INDRA, que no tenía expertisse en proyectos similares.
En ese momento corrió el rumor de que parte del gobierno tenía especial interés en que PSA, la compañía que administraba el Puerto de Singapur, se quedara con el Puerto de Buenos Aires. Nicky Caputo se desempeñaba como cónsul en Argentina del país asiático. Era una jugada a dos bandas: el nuevo proyecto liberaría parte de los terrenos para destinarlos al desarrollo inmobiliario.
Caputo siempre negó estar detrás de la maniobra, pero lo cierto es que INDRA desarrolló otro proyecto por el que le facturó otros 168 mil dólares a Puertos.
La desconfianza entre Mórtola y Guillermo Dietrich era tan grande que el Ministerio de Transporte, accionista mayoritario de la AGP, nunca quiso aprobar los balances presentados por la Administración General de Puertos.
