La Justicia señaló a Facundo Albini, apoderado del Frente Renovador y concejal de La Plata. También apuntó contra su padre. Deberá resolver el juez Federico Atencio.
La fiscal de La Plata Betina Lacki pidió hoy la detención del concejal Facundo Albini y de los dueños de las 48 tarjetas de débito con las que el puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau fue descubierto sacando dinero de un cajero automático. La maniobra se investiga como parte del financiamiento ilegal de la política. El pedido de la fiscal surge tras el rechazo del juez Federico Atencio a la exención de prisión solicitada por todos los acusados.
Entre las personas acusadas está Facundo Albini, concejal por el Frente Renovador -el partido del candidato a presidente Sergio Massa- y que el domingo 22 de octubre obtuvo la relección para el cargo en la lista del candidato a intendente de La Plata, Julio Alak, actual ministro de Justicia del gobierno de Axel Kicillof.
Los pedidos de detención ahora deben ser resueltos por el juez Guillermo Atencio, quien ayer rechazó los pedidos de exención de prisión. Se trata de una medida -en caso de ser aceptada- para que los acusados se garanticen continuar en libertad mientras dura la investigación.
El magistrado explicó que en el caso se investigan los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública. Y detalló que hasta ahora la suma total de ese fraude serían 800 millones de pesos. “Tengo para mí que la decisión respecto del otorgamiento de este beneficio, debe supeditarse en el caso a valoración de la modalidad del hecho. En efecto; la extensión del daño causado y las características de la conducta aquí investigada, resultan pautas significativas para vislumbrar que, de recaer sentencia condenatoria, habrá de ser de cumplimiento efectivo”, explicó Atencio al momento de rechazar la eximición de prisión.
También explicó que en caso de recaer una condena a los acusados en un juicio oral no sería de cumplimiento en suspenso, sino en prisión. “Que habida cuenta de la escala penal establecida para los delitos investigados su situación no se encuentra prevista dentro de las disposiciones normativas contenidas en el art. 169 incisos 2° del C.P.P, toda vez que la pena máxima del concurso real supera ampliamente los ocho años de prisión”, explicó.
Con esa resolución, la fiscal avanzó y solicitó las detenciones de los acusados que un primer momento eran considerados testigos del caso y que con el avance de la investigación pasaron a imputados como parte de la maniobra de fraude contra el estado de la provincia de Buenos Aires.
“El alto monto dinerario defraudado al erario público; la duración en el tiempo; la actividad desplegada por los imputados, en tanto facilitó la comisión actos de corrupción en el ejercicio de la función pública; la posibilidad cierta de influenciar entre coimputados – teniendo en cuenta el vínculo personal habido entre algunos de ellos y; la pena en expectativa, en razón de la suma aritmética del máximo de la pena de los delitos investigados, así me permiten concluir”, agregó el magistrado.
Rigau fue detenido mientras utilizaba en un cajero las tarjetas de débito para hacerse del dinero. La Cámara Penal de La Plata primero anuló la investigación y “Chocolate” liberado. Luego fue reabierta por la Cámara de Casación y Rigau nuevamente detenido. Se le secuestró su teléfono celular para ser peritado y analizado.
La fiscal Lacki todavía espera una respuesta de la Cámara de Diputados bonaerense, a cargo de Federico Otermín -elector intendente de Lomas de Zamora, para profundizar sobre el manejo de los contratos en esa repartición. Antes de realizar la pericia ya había reclamado precisiones sobre el proceso de contratación de las 48 personas involucradas y además mandó un listado de otras 25 que aparecieron en un cuaderno donde Rigau hacía anotaciones de todo tipo y en declaraciones juradas de domicilio.
Unas horas antes de las elecciones generales, el gobierno bonaerense, a través de la Fiscalía de Estado, pidió ser querellante en la causa argumentando que la maniobra habría generado un “perjuicio para la Provincia”. Unas horas antes, el Procurador General de la provincia, Julio Conte Grand, impulsó un juicio político para los dos camaristas que anularon la causa de manera escandalosa.
